Un cambio fundamental en la narrativa legal de 2026 es el enfoque en el consumidor final. En países como Colombia y Chile, se han iniciado campañas que advierten sobre las sanciones administrativas para quienes contratan servicios de IPTV ilegal de forma consciente. Aunque la persecución penal sigue centrada en los “cabecillas” de las redes, la nueva legislación permite multas directas a través de los recibos de servicios de internet si se detecta un uso recurrente de protocolos de transmisión no autorizados.
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